BRASIL.- La mayoría de los brasileños apoya la renuncia o la destitución tanto de la presidenta Dilma Rousseff como de su vicepresidente, Michel Temer, y que sean convocadas nuevas elecciones para sustituirlos, según una encuesta divulgada este sábado por la prestigiosa firma Datafolha.De acuerdo con el sondeo, el 61 % de los brasileños quiere que el Congreso le abra un juicio político con fines destituyentes a Rousseff y un 58 % considera que Temer también tiene que ser sometido a un proceso similar en el Parlamento.
Un 60 % esta a favor de que la jefe de Estado renuncie a su mandato, el mismo porcentaje que apoya la renuncia de su vicepresidente.
En caso de que tanto la mandataria como su vicepresidente renuncien o sean destituidos por el Congreso, un 79 % es partidario de que se convoquen nuevas elecciones presidenciales, contra un 12 % que rechaza los comicios y un 2 % que se dice indiferente.
La encuesta de Datafolha reveló igualmente que el porcentaje de brasileños que apoya los trámites iniciados en el Congreso para destituir a Rousseff se redujo desde el 68 % medido en una encuesta similar realizada a mediados de abril hasta el 61 % en el sondeo de la semana pasada.
El porcentaje de los que se opone al juicio político contra la mandataria subió desde el 27 % hasta el 33 % en el mismo período.La encuesta escuchó a 2.779 electores en 170 municipios de Brasil entre los días 7 y 8 de abril y, según Datafolha, tiene un margen de error de dos puntos porcentuales.
El sondeo coincidió con la divulgación del informe en que el instructor de la Comisión Especial creada por la Cámara de Diputados para analizar la apertura del juicio político contra Rousseff considera que existen méritos para el proceso y recomienda darle continuidad.
La comisión, integrada por 65 diputados de todos los países, votará el próximo lunes si apoya o no la apertura del juicio y, en caso de pronunciarse a favor del proceso, la causa pasará al plenario de la Cámara de Diputados.
La presidenta es acusada de crímenes de responsabilidad, que la Constitución establece como justificantes de su destitución, por haber contraído préstamos con los bancos públicos sin autorización del Congreso para costear gastos comunes del Gobierno, con lo que no fueron registrados en los balances fiscales de los dos últimos años.