Editorial
El Poder Ejecutivo y el sector Patronal deberían abocarse a una revisión de las actuales escalas salariales con miras a disponer un reajuste de sueldo a partir de enero del próximo año, en virtud de que nuestra clase trabajadora requiere mejorar sus ingresos como forma de compensar la pérdida del poder adquisitivo.En el caso de los servidores de la Administración Pública, incluyendo militares, policías, pensionados y jubilados, tienen más de cinco años que no se les mejora el salario, mientras la mayoría de los productos y bienes de servicio se han encarecidos.
La situación ha llegado a extremo, que incluso el Secretario de Trabajo de Los Estados Unidos, Thomas Pérez, en visita reciente al país y en conversaciónn con el Presidente Danilo Medina, les planteó la necesidad de que el mandatario contemple un aumento salarial para los servidores públicos, como forma de mejorar su calidad de vida.
También causa impotencia e indignación en nuestra clase trabajadora, al igual que en la mayoría de los contribuyentes, lo que podría catalogarse de iniquidad en los niveles salariales prevalecientes en muchos servidores del Estado, llámese miembros del Gabinete , legisladores y directores generales.
Mientras el 85% de los servidores públicos perciben salarios inferiores a 20 mil pesos, la élite del tren estatal tienen sueldos de hasta un millón y pico de pesos mensuales.
La noticia divulgada hace un par de días sobre el aumento de 70 mil pesos que se aprobaron senadores y diputados de la República, ha generado la repulsa de un amplio sector de la población. Para colmo algunos legisladores de las distintas bancadas , han pretendido justificarlo, alegando que está amparado en la ley.
Sin embargo, entendido en la materia catalogan de ilegal dicho reajuste, en el entendido de que la Constitución prohibe que los congresistas legislen para su provecho particular.
Aunque dudamos que los congresistas darán a tras la decisión, insistimos en la necesidad de que el Gobierno Central consigne en el Proyecto de Presupuesto Nacional para el año 2017, la partida correspondiente para un reajuste salarial para los empleados públicos en proporción, por lo menos, de un 25 a 30 %.